Realidad de las consultas populares en México.
Las democracias latinoamericanas se han caracterizado por contener pocos instrumentos jurídicos de participación ciudadana; sin embargo, en un Estado democrático, la actuación estadual debe encaminarse a institucionalizar el empoderamiento social, fomentando y permitiendo una participación ciudadana e incidencia política activa y real. Lo anterior se logra operando bajo el enfoque de los derechos humanos, donde la participación ciudadana constituye una obligación estatal, tendiente a respetar y tomar en cuenta el pluralismo ideológico de la ciudadanía. Ya que, con dicha participación, se asegura –de primera mano– que el discurso legal consagre normas morales ciudadanas y procesos de planificación social. En México, con la reforma en materia electoral de 2014, se implementa –a rango Constitucional– una nueva figura jurídica; consultas populares, figura que, por un lado, faculta a los ciudadanos a iniciar y votar por temas de trascendencia nacional; y por otro lado, se inclina a establecer una interacción fáctica entre el Estado y los justiciables, cuyo propósito es que estos últimos exijan sus derechos, planeen su desarrollo y/o diagnostiquen sus problemáticas, para que, participen –autogestionariamente– en su solución. Empero, la figura en comento no ha tenido el impacto esperado. –Según datos del INE– las consultas populares promovidas por ciudadanos ascienden a un minúsculo número de cuatro, de los cuales se puede distinguir una peculiaridad: todos –en la sociedad mexicana– tienen un alto impacto mediático. Se pueden identificar varias razones para ello, las cuales se desarrollarán y justificarán a lo largo de la exposición, pero que, enunciativamente, se señalan a continuación; a) la apatía legal de la ciudadanía, b) el desconocimiento de esta figura y c) la dificultad para accionarla. Precisamente, esto último, evita que las consultas populares sean una herramienta efectiva para que la ciudadanía tenga canales de acceso a una participación ciudadana con incidencia política de facto. Se considera importante, iniciar acciones e implementar políticas públicas encausadas a fomentar y difundir la existencia, aplicación y ejercicio de dicha figura, concientizando a la ciudadanía de la importancia y alcances que revisten las consultas populares, como mecanismo de empoderamiento ciudadano. Asimismo, se debe buscar modificar las disposiciones reglamentarias que dificultan su operatividad.
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